La Reforma Procesal Penal, y sus problemas de dotación funcionaria
Date
2016-01
Authors
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Publisher
Universidad Miguel de Cervantes
Abstract
Después de varios años de la implementación de la Reforma Procesal
Penal en nuestro país, fue una puesta en marcha paulatina y gradual, la IV y IX
regiones fueron las primeras en poner en ejecución este nuevo sistema de
enjuiciamiento criminal, una de las reformas procesales más importantes de los
últimos cien años. A su vez el 16 de junio de 2005, se implementó en la Región
Metropolitana, transformación procesal, la que podría bien calificarse como la más
trascendente en lo que respecta a las garantías de los derechos de las personas,
y sí, tuvo éxito. Chile logra luego de un difícil proceso un ordenamiento jurídico
procedimental penal acusatorio puro o formal, el que desde 1906 y hasta el año
1997, se entendía como un sistema de corte inquisitivo.
A lo largo de esta primera década del siglo XXI se han generado, además
de esta implementación, otros múltiples desafíos que el País y los distintos actores
de la administración del Estado debieron enfrentar y desarrollar. Es así como el
Poder Judicial ha desplegado un gran trabajo para desarrollar la labor orgánica de
la actual Justicia Penal, conjuntamente el Ministerio de Justicia ha debido
coordinarse en una integración de lógicas de trabajo con la Defensoría Penal
Pública, únase a esto el reforzamiento de las Policías, y por supuesto, todo
girando en torno al órgano persecutor, el Ministerio Público. Lo anterior, convocó a
especialistas académicos, personalidades de todos los sectores de la política, en
fin, una convergencia de voluntades y estrategias conjuntas frente al objetivo
común, lo cual ha consolidado su validación en nuestra sociedad.
La presente tesis no pretende realizar un análisis exhaustivo del
funcionamiento de esta política pública, sino más bien, enfocarse en cuestiones
más estructurales que han marcado el nuevo sistema.