Protocolo de Prevención contra prácticas de tortura, tratos inhumanos o degradantes en protección de los privados de libertad, en Chile.

Date
2016
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Publisher
Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Derecho
Abstract
Históricamente las personas sujetas al régimen penitenciario tienen su origen recién en la segunda mitad del siglo XX. Durante los siglos anteriores las prisiones fueron concebidas como instrumentos para esclavizar y maltratar a grupos de personas consideradas inferiores o enemigas de la sociedad. Este régimen tuvo su más cruda expresión en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros esfuerzos por humanizar el sistema penitenciario rindieron sus frutos en 1955, cuando Naciones Unidas aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos estableciendo por primera vez las intenciones de la comunidad internacional en materia de políticas penitenciarias. Luego, otros instrumentos universales y regionales se han incorporado instalando un marco internacional para el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. Si bien se trata de documentos no vinculantes para los estados, establecen directrices universales para el funcionamiento de los recintos penales y han ganado influencia sobre todo porque han sido utilizadas para la interpretación de los tratados de derechos humanos por los órganos de aplicación en los numerosos casos de violaciones de derechos humanos ocurridas dentro de las cárceles en el mundo pese a estos esfuerzos, tanto en Chile como en otros países de la región en las últimas décadas, una parte importante de la política criminal se ha centrado en endurecer las penas asignadas a los delitos haciendo de la pena de cárcel su principal herramienta. Ello ha traído como consecuencia hacinamiento, malas condiciones carcelarias y una situación generalizada y sistemática de vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad. En la última década han existido en el país algunas iniciativas para mejorar las condiciones penitenciarias. Por una parte, hay medidas para disminuir el nivel de hacinamiento en las cárceles mediante la construcción de nuevos recintos penitenciarios, en su mayoría a través de concesiones públicas. Adicionalmente, la Ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos contempla dentro de sus facultades, la de ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad. Esta facultad ha permitido al INDH realizar visitas a centros penitenciarios del país con el objeto de constatar las condiciones carcelarias y las eventuales vulneraciones de derechos de las personas que viven en ellos. El presente estudio se inserta en el ejercicio de esta atribución y constituye el primer esfuerzo institucional por construir un diagnóstico general sobre la situación penitenciaria y mostrar la realidad que viven miles de personas en Chile.
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