Protocolo de Prevención contra prácticas de tortura, tratos inhumanos o degradantes en protección de los privados de libertad, en Chile.
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Miguel de Cervantes. Escuela de Derecho
Abstract
Históricamente las personas sujetas al régimen penitenciario tienen su origen
recién en la segunda mitad del siglo XX. Durante los siglos anteriores las
prisiones fueron concebidas como instrumentos para esclavizar y maltratar a
grupos de personas consideradas inferiores o enemigas de la sociedad. Este
régimen tuvo su más cruda expresión en los campos de concentración de la
Segunda Guerra Mundial. Los primeros esfuerzos por humanizar el sistema
penitenciario rindieron sus frutos en 1955, cuando Naciones Unidas aprobó las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos estableciendo por primera
vez las intenciones de la comunidad internacional en materia de políticas
penitenciarias. Luego, otros instrumentos universales y regionales se han
incorporado instalando un marco internacional para el funcionamiento de los
establecimientos penitenciarios.
Si bien se trata de documentos no vinculantes para los estados, establecen
directrices universales para el funcionamiento de los recintos penales y han
ganado influencia sobre todo porque han sido utilizadas para la interpretación de
los tratados de derechos humanos por los órganos de aplicación en los
numerosos casos de violaciones de derechos humanos ocurridas dentro de las
cárceles en el mundo pese a estos esfuerzos, tanto en Chile como en otros
países de la región en las últimas décadas, una parte importante de la política
criminal se ha centrado en endurecer las penas asignadas a los delitos haciendo
de la pena de cárcel su principal herramienta. Ello ha traído como consecuencia
hacinamiento, malas condiciones carcelarias y una situación generalizada y
sistemática de vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad.
En la última década han existido en el país algunas iniciativas para mejorar las
condiciones penitenciarias. Por una parte, hay medidas para disminuir el nivel de
hacinamiento en las cárceles mediante la construcción de nuevos recintos
penitenciarios, en su mayoría a través de concesiones públicas.
Adicionalmente, la Ley 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos
contempla dentro de sus facultades, la de ingresar a recintos públicos donde una
persona esté o pueda estar privada de libertad. Esta facultad ha permitido al
INDH realizar visitas a centros penitenciarios del país con el objeto de constatar
las condiciones carcelarias y las eventuales vulneraciones de derechos de las
personas que viven en ellos. El presente estudio se inserta en el ejercicio de esta
atribución y constituye el primer esfuerzo institucional por construir un diagnóstico
general sobre la situación penitenciaria y mostrar la realidad que viven miles de
personas en Chile.