Tesina: Calidad e Inclusión Escolar Desde las Políticas Públicas a la Realidad. Coyhaique, Región de Aysén.
Date
2023-05
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Universidad Miguel de Cervantes. Trabajo Final para Obtener el Grado de Magíster Profesional en Educación Mención Gestión de Calidad
Abstract
La inclusión social de la diversidad es un tema que ha dado que hablar tanto en
Chile como en el mundo. Tanto las organizaciones sociales de personas con
discapacidad como los esfuerzos internacionales han buscado generar espacios
adecuados y oportunidades necesarias para abrir la sociedad a la inclusión. En los
últimos veintisiete años, han existido instancias internacionales con enfoque de
derechos, que han cooperado en la generación de conciencia acerca de las
condiciones de vida y dificultades que a diario deben sortear las personas en
situación de discapacidad. La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales de 1994 corrió el cerco de lo posible, al reafirmar el derecho a la
educación de todas las personas dentro de un sistema educativo con una
perspectiva inclusiva e integradora y de rechazo a la selección escolar por
desempeño académico. Así, esta declaración no se limitó a plantear unos objetivos
ideales, sino que también trazó una serie de directrices en distintos ámbitos para
poder alcanzar estos propósitos. Del mismo modo, el año 2006 se llevó a cabo la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instancia
destinada a promover la protección de los derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad. Ambas convenciones, trazaron el marco de acción de los Estados
firmantes para garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y el
acceso y permanencia a los servicios sociales de las personas en situación de
discapacidad. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha estado haciendo en Chile?
Pues, las personas con discapacidad hasta ese minuto se habían visto impedidas
de participar en la vida pública y social por las barreras que les imponía la sociedad.
Sin embargo, gracias al rol de las convenciones y las organizaciones sociales de
las personas en situación de discapacidad, el contexto social se volvió un poco más
favorable y proclive a mejorar sus condiciones de vida. Así, se hizo urgente recopilar
datos fidedignos acerca del número de personas en situación de discapacidad que
había, qué impedimentos enfrentaban y cómo les afectaban estos en sus vidas. Lo
cierto es que, muchas de estas personas eran invisibilizadas y confinadas (ya sea
al interior de sus casas o en instituciones) por el desconocimiento y prejuicios de
sus propias familias y una sociedad que se negaba a abordar el problema con altura
de miras. Fue así, que Chile en 2015, implementó la primera encuesta sobre
discapacidad con enfoque de Derechos Humanos a nivel nacional. Este estudio,
permitió reunir datos sobre las personas en situación de discapacidad y elaborar
políticas públicas afines a sus necesidades y principales demandas. Gracias a esta
encuesta, hoy se sabe que un número no menor de 2 millones 836 mil 818 personas
se encuentra en situación de discapacidad, es decir, el 16,7% de la población
nacional. Del mismo modo, el 5,8% de los niños, niñas y adolescentes del país se
encuentra en situación de discapacidad, es decir 229 mil 904 menores de edad.
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Además, este informe, permitió disponer de datos integrales acerca de la calidad de
vida de estas personas, como: la relación con su ambiente, su vida personal, su
condición de salud y su desempeño logrado en distintos ámbitos de la sociedad; así
como también el acceso a servicios sociales como: la salud, la vivienda y la
educación. Siendo este último ámbito el abordado en la investigación.
Este último punto, el acceso y permanencia de las personas en situación de
discapacidad a la educación, es el que se desarrolló de manera íntegra en el
estudio, ya que para que realmente exista una inclusión social de todas las
personas, es imprescindible crear y fortalecer los mecanismos necesarios para que
accedan a todos los niveles educativos; entendiendo la educación como el mejor
escenario para la participación social y el desarrollo integral de la persona. Más aún,
derribar la segregación en la educación es la primera tarea que se debe movilizar
para generar oportunidades reales en las personas con discapacidad que ingresan
al sistema escolar. Ya que en la medida que se mantenga un sistema escolar
fuertemente segregado, mediante la selección escolar: por notas, estratos sociales,
religión, género, conducta y necesidades educativas especiales; se limita la
posibilidad de que niños, niñas y jóvenes se desarrollen en entornos educativos
donde sean bienvenidos, valorados, respetados y queridos: y dónde, además, se
cuenten con las condiciones para sus necesidades de aprendizaje.
De este modo, el Estado asumió la responsabilidad de mejorar el acceso y
permanencia en el sistema escolar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad; por
medio de leyes, decretos y normativas tendientes a asegurar la implementación y
calidad de la educación inclusiva. Más aún, en el 2015, se dictó la Ley de Inclusión
Escolar, con la que se buscaba asegurar (al menos en el papel) que los
establecimientos municipales y subvencionados no incurrieran más en
discriminaciones de acceso; prohibiendo así, la selección escolar. Sin embargo, la
legislación actual, no cuenta con todos los resguardos para supervisar que los
colegios con subvención estatal impulsen en sus comunidades la educación
inclusiva; quedando a criterio de los sostenedores y equipos directivos llevar a cabo
las disposiciones que manda la ley de inclusión escolar.