Magíster en Educación Mención Gestión de calidad Liceo Politécnico B-79 Quinta Normal Santiago
Date
2013
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Publisher
Universidad Miguel de Cervantes. Magíster en Educación Mención Gestión de Calidad
Abstract
La siguiente investigación toca un tema actual y al mismo tiempo cotidiano que incluye a los jóvenes, a la delincuencia y a nuestra educación. Problemática que, al parecer, ha perdido relevancia para las instituciones escolares, sabiendo aún que es obligación de todo ciudadano y del Estado velar por ellos, por su bienestar y su rehabilitación si es posible.
Los medios de comunicación se han encargado de informarnos constantemente de robos, asesinatos, violaciones y cada día es más frecuente saber que jóvenes son los protagonistas de dichos delitos.
Según un estudio realizado por la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de Chile, para el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en marzo del 2008.”Los jóvenes y adolescentes de nuestro país, sobrellevan una doble exclusión: su juventud y su pobreza que los hacen más vulnerables"1.
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2008, existe un 32,6% de personas menores de 18 años en esta condición, cifra que está muy por encima del promedio nacional (20,6% según datos de ese mismo año). De ellos, un 27,5% se encuentra entre los 13 y 18 años y un 29,1% están en situación de pobreza e indigencia. El 4% de la fuerza de trabajo está compuesta por niños. Es decir, alrededor de 65.000 niños entre 12 y 17 años trabaja en todo el país.2
El que un niño o adolescente deba trabajar incide fuertemente en las experiencias de deserción escolar. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2009, un alto porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años, declaró como principal razón para no estudiar, el estar trabajando. Por otra parte, el 77% de los niños y adolescentes entre 6 y 18 años que perciben ingresos, no estudia. Otra razón más para ingresar a delinquir. Según los datos, la situación de pobreza es uno de los factores importantes en la delincuencia y según estudios recientes del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, las principales razones de ingreso a la actividad delictual son: inserción laboral temprana, deserción escolar y la imitación de sus pares. 3
En materia de sanciones, el 2 de Agosto del año 2002 se presenta al Congreso Nacional el proyecto de Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, luego de tres años de discusión fue promulgada por el presidente Ricardo Lagos el 28 de Noviembre del año 2005 y finalmente publicada el 7 de Diciembre del año 2005. Ésta ley establece por primera vez en Chile, un sistema de justicia especializado para jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, que han cometido infracciones a la legislación penal. 4
Está ley sufrió su última modificación en Junio de 2007 y el sentido de está es terminar con el tramite de discernimiento y reinsertar socialmente a los adolescentes, a través de diversos programas especiales. Cada región del país cuenta con al menos un centro de reclusión juvenil para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Estos recintos tendrán régimen cerrado y régimen semi cerrado, el primero consiste en la privación de libertad de estos jóvenes en alguno de estos centros, donde deberán continuar sus estudios, tendrán talleres para reinsertarse socialmente, participaran en actividades de carácter socioeducativas de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal, y el segundo consiste en la residencia obligatoria del adolescente en uno de estos centros, donde deberá cumplir con un programa de reinserción social que se desarrollará en el interior del recinto, como actividades que duraran ocho horas en el exterior. Estos centros serán administrados por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), la custodia y vigilancia estará a cargo de Gendarmería de Chile, donde un Juez de garantía será el encargado de controlar que se cumpla la condena en el lugar. En estos centros los adolescentes tendrán acceso a talleres, educación y deporte.
Las sanciones no privativas de libertad serán aplicadas por instituciones colaboradoras del SENAME. Entre estas sanciones figuran la libertad asistida, la libertad asistida especial, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño causado, multas y amonestaciones y por último como sanciones accesorias, se encuentran la prohibición de conducir vehículos motorizados y la obligación de tratamiento en rehabilitación de drogas o alcohol.
De acuerdo a Paz Ciudadana más de la mitad de los condenados que se encuentran en las cárceles, pasó por el SENAME alguna vez en la vida. Por lo tanto el desafío de está institución será trabajar con dicho joven y con un sistema especial de enjuiciamiento y sanciones, de modo de cortar esa carrera delictual lo antes posible.5 Según la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Educación la manera más eficaz para lograr esto, es abrir las oportunidades escolares a los jóvenes que se encuentren en esta situación, ya que considera que “La educación disminuye la delincuencia y abre grandes espacios de progreso humano, social y económico”.6